Colombia estrena decreto para regular la protesta social en medio de movilizaciones contra el Gobierno
BOGOTÁ, 14 de oct.- El Gobierno de Colombia puso en marcha este miércoles 14 de octubre el Decreto 1525 de 2026, que modifica los protocolos de actuación policial durante las manifestaciones públicas. La normativa, firmada el martes por el presidente Abelardo de la Espriella, entrará en aplicación durante una jornada nacional de movilizaciones convocada por sectores de la oposición.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, defendió la medida como una regulación que busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, proteger a la ciudadanía frente a actos violentos y bloqueos viales. Tras un consejo de seguridad en Bogotá, el funcionario anunció un monitoreo especial en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, ante el riesgo de afectaciones a corredores estratégicos como la vía Panamericana.
Entre los principales cambios, el decreto establece que la Policía podrá intervenir contra personas que cometan actos de violencia sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes. La norma contempla actuaciones frente a agresiones, daños a la infraestructura y bloqueos, además de medidas para garantizar corredores humanitarios destinados al tránsito de ambulancias, medicamentos y alimentos. El Gobierno sostiene que las concentraciones pacíficas deben continuar protegidas.
La aplicación de la normativa coincide con marchas convocadas por organizaciones sindicales, sectores educativos y agrupaciones políticas opositoras. Entre los participantes anunciados figuran el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. Las movilizaciones incluyen reclamos relacionados con la educación, la salud de los docentes y las políticas del Ejecutivo.
La medida también ha generado cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos y representantes de la oposición advierten que ampliar las facultades de intervención policial podría aumentar el riesgo de abusos y afectar el ejercicio de las libertades civiles. El debate se centra en cómo aplicar las nuevas reglas sin restringir el derecho constitucional a la manifestación pacífica.