Colombia flexibiliza el porte de armas y reabre el debate sobre la seguridad
BOGOTÁ, 10 sep – El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, vigente desde hace más de una década, en un giro relevante en la política de seguridad del país.
El Decreto 1368, firmado el 8 de septiembre, restablece los permisos individuales que se encuentren vigentes y no hayan sido suspendidos, cancelados o revocados. La medida no supone una autorización general para portar armas: mantiene los requisitos y controles establecidos por las autoridades colombianas.
La decisión pone fin a una política iniciada en 2015 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y mantenida por las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro. Bajo ese régimen, incluso quienes tenían permisos debían obtener autorizaciones especiales para portar sus armas fuera de sus hogares.
De la Espriella había prometido durante la campaña flexibilizar estas restricciones como parte de una política de mayor dureza frente a la delincuencia. El Gobierno sostiene que las limitaciones afectaban principalmente a ciudadanos que cumplían con la ley, mientras organizaciones criminales continuaban accediendo a armamento ilegal.
Según cifras oficiales, entre enero y el 3 de septiembre las fuerzas de seguridad incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
La decisión ha reabierto el debate sobre la seguridad y el control de armas en Colombia. Mientras sus defensores argumentan que permite a ciudadanos legalmente autorizados contar con mayores herramientas de defensa, sectores críticos advierten que una mayor circulación de armas podría aumentar la letalidad de riñas, conflictos familiares y otros episodios de violencia.
La flexibilización se convierte así en una de las primeras señales de la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno, que ha colocado la lucha contra el crimen organizado y los grupos armados entre sus principales prioridades.