Reforma a la propiedad industrial en México genera preocupación por posible censura a memes y parodias
CIUDAD DE MÉXICO, 24 septiembre.- México avanza en una serie de reformas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor que han generado debate por sus posibles efectos sobre memes, parodias y contenidos creados o modificados mediante inteligencia artificial. Bajo la etiqueta informal de “Ley Antimemes” se han agrupado distintas iniciativas, aunque no todas regulan las mismas conductas.
Una de las reformas busca fortalecer la protección de obras, marcas y otros contenidos frente a usos no autorizados, incluidos aquellos realizados mediante herramientas de inteligencia artificial. El debate alcanza situaciones en las que se utilizan imágenes, música, personajes, marcas registradas o elementos asociados a personas sin autorización.
A este paquete se suma una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal que contempla sanciones por el uso comercial de elementos pertenecientes a instituciones públicas. El artículo 403 Bis establece que quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales del Gobierno para inducir a error o engaño sobre su origen oficial podría enfrentar consecuencias penales.
La versión original contemplaba de tres a siete años de prisión y multas de 40.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Tras la polémica, las comisiones del Senado modificaron el texto: ahora plantea de uno a cinco años de prisión y multas de hasta 10,000 UMA.
El cambio también precisa que la conducta debe realizarse a escala comercial y tener como finalidad engañar sobre el carácter oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública. Por ello, la disposición no establece una prohibición general de reproducir imágenes gubernamentales ni convierte automáticamente un meme en delito.
El Gobierno y legisladores oficialistas sostienen que el objetivo es combatir la piratería, proteger la propiedad intelectual y evitar fraudes que utilicen indebidamente símbolos oficiales. La oposición, por su parte, ha expresado preocupación por el margen de interpretación de la norma y sus posibles efectos sobre la sátira, la parodia y la libertad de expresión.