Bolivia detiene al fiscal general Roger Mariaca por presuntos vínculos con el narcotráfico
LA PAZ, 2 de oct.- Las autoridades de Bolivia detuvieron al fiscal general Roger Mariaca durante un operativo policial realizado la madrugada de este jueves en Santa Cruz de la Sierra. El funcionario es acusado por el Gobierno de encabezar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público para proteger a narcotraficantes, entre ellos el uruguayo Sebastián Marset.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Mariaca habría convertido la institución en una estructura destinada a favorecer el narcotráfico. En total, 14 personas fueron aprehendidas, incluidos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y otros funcionarios. La investigación contempla presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
El caso está relacionado con Marset, capturado en Bolivia en marzo y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Antes de su detención, circularon grabaciones en las que el narcotraficante afirmaba mantener una relación cercana con Mariaca y haberle pagado sobornos. El Gobierno también cuestiona la actuación de fiscales durante el operativo que permitió escapar a Marset en 2023. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones que deberán esclarecerse en la investigación.
El arresto ocurrió días después de que Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y lo acusara de aceptar sobornos y facilitar el narcotráfico. El entonces fiscal rechazó los señalamientos y denunció presiones externas relacionadas con investigaciones sensibles, entre ellas la que involucra al consultor argentino Fernando Cerimedo.
La detención también provocó cuestionamientos desde el propio Ministerio Público. Su oficina de comunicaciones calificó el procedimiento de ilegal y denunció que las autoridades no habrían presentado documentación que justificara la intervención.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldó las acciones del Gobierno de Rodrigo Paz contra la corrupción y el crimen organizado. El caso abre ahora un nuevo capítulo de tensión institucional en Bolivia, mientras se espera que avance el proceso judicial y se determinen las responsabilidades de los funcionarios involucrados.