300 mil soles: Roberto Sánchez afrota acusaciones por presunta apropiación de aportes del partido
La Fiscalía investiga el destino de fondos entregados por candidatos y militantes de Juntos por el Perú durante campañas anteriores. El caso vuelve a poner en debate la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.
Lima, mayo de 2026.- En plena etapa electoral, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfrenta cuestionamientos por una investigación fiscal vinculada al manejo de aportes económicos realizados al interior de su organización política.
De acuerdo con información difundida por medios periodísticos, la Fiscalía sostiene que fondos entregados por candidatos y militantes de Juntos por el Perú durante las campañas de 2018 y 2020 no habrían sido registrados correctamente ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales —ONPE— y, presuntamente, habrían terminado en cuentas personales de Roberto Sánchez y de su hermano, William Sánchez Palomino.
Según los reportes, el monto observado ascendería a cerca de S/ 280 mil o casi S/ 300 mil. La investigación señala que estos recursos corresponderían a aportes realizados en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2018, así como de las elecciones congresales extraordinarias de 2020.
El caso incluye una acusación por presunta falsa declaración, debido a que los ingresos reportados ante la ONPE no habrían coincidido con los aportes que, según la tesis fiscal, sí fueron realizados por candidatos y simpatizantes del partido. Además, se ha informado que Roberto Sánchez deberá afrontar una audiencia de control de acusación el próximo 27 de mayo, como paso previo a un eventual juicio oral.
La denuncia cobra relevancia pública porque el financiamiento político es uno de los principales mecanismos de transparencia en una democracia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se financian los partidos, quiénes aportan recursos y si esos fondos son usados conforme a la ley.
Especialistas en gobernabilidad y transparencia electoral advierten que los partidos políticos deben rendir cuentas de manera clara, especialmente cuando sus representantes aspiran a conducir el país. La confianza ciudadana no solo se construye con propuestas, sino también con coherencia, legalidad y transparencia en el manejo de los recursos.
Hasta el cierre de esta nota, el caso se mantiene como una investigación en curso y corresponderá al Poder Judicial determinar las responsabilidades respectivas. Como en todo proceso judicial, Roberto Sánchez mantiene el derecho a la presunción de inocencia.
Sin embargo, el caso abre una pregunta clave para los electores: ¿puede un candidato que enfrenta cuestionamientos por el manejo de fondos partidarios garantizar una gestión transparente de los recursos públicos?