Minería ilegal y violencia armada en Ecuador y Colombia
La minería ilegal de oro se ha convertido en un fenómeno transnacional que golpea con fuerza a comunidades indígenas y ecosistemas estratégicos en la región amazónica y costera del norte de Sudamérica.
En Ecuador, unas 350 personas de la nacionalidad chachi fueron desplazadas de su territorio ancestral en Esmeraldas. Otras tantas permanecen confinadas sin acceso a cultivos ni ríos, principales fuentes de alimento y transporte. La incursión minera, intensificada en los últimos cinco años, estaría respaldada por grupos armados colombianos y ecuatorianos, incluyendo disidencias de las ex FARC.
El asesinato de un promotor minero detonó un ciclo de violencia que dejó comunidades incomunicadas y bajo control de hombres armados. La Defensoría del Pueblo activó acciones de acompañamiento y monitoreo, pero líderes comunitarios denuncian abandono estatal y falta de protección efectiva. “Las amenazas han sido tan insistentes que mantienen a la población en vilo”, señaló un dirigente chachi.
En paralelo, en el departamento del Amazonas en Colombia, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial y la Armada, ejecutaron operaciones simultáneas en los ríos Caquetá y Cotuhé.
En Isla Clemencia fueron destruidas 13 unidades de producción minera, incluidas ocho dragas tipo caperuza. Se incautaron mercurio, oro, celulares y armas, afectando las finanzas de la estructura residual Jhonier Arenas, que obtenía cerca de 23.979 gramos de oro mensuales valorados en más de 13.377 millones de pesos.
En el río Cotuhé se inhabilitaron 14 unidades de minería aluvial, con nueve dragas, plantas eléctricas y motores fuera de borda. Estas operaciones golpearon al grupo residual Comandos de Frontera, que producía alrededor de 27.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a 15.050 millones de pesos.
Ambas operaciones permitieron debilitar significativamente las finanzas de estos grupos armados organizados. También dejaron en evidencia los graves daños ambientales: expertos estiman que la recuperación ecológica de las zonas afectadas podría tardar más de diez años.
La crisis revela un patrón común: ausencia estatal, expansión de economías ilícitas y vulnerabilidad de comunidades indígenas frente a grupos armados. Mientras Ecuador enfrenta desplazamientos forzados y confinamiento, Colombia busca debilitar las finanzas ilegales con operativos militares.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios coinciden en que la solución no puede limitarse a acciones puntuales. Se requieren políticas de protección permanente, inversión en infraestructura básica y coordinación binacional para enfrentar un fenómeno que trasciende fronteras.
“Los ríos son la vida para los pueblos indígenas”, recuerda una religiosa que acompaña a las comunidades chachi. Sin medidas sostenidas, la minería ilegal seguirá erosionando territorios, culturas y ecosistemas en la región.
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