Retenes que castigan al ciudadano: el control vial que se volvió ineficiente e injusto
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Tolerancia Cero al Alcohol, El Salvador envió un mensaje claro de política pública: si vas a manejar, no tomes. La norma —al prohibir conducir con cualquier cantidad de alcohol en sangre— busca cerrar la puerta a la “zona gris” que antes podía existir con límites permisibles, y convertir la disuasión en un principio simple de entender y de aplicar. Justamente por eso, en este nuevo escenario, vale preguntarse si los retenes (controles vehiculares fijos o repetitivos) siguen siendo la herramienta más eficiente, o si se han convertido en una práctica costosa, poco estratégica y, en muchos casos, innecesaria.
En teoría, los retenes existen para identificar y sacar de circulación a conductores bajo los efectos del alcohol. En la práctica, cuando una política de tolerancia cero ya establece una prohibición absoluta, la lógica del control cambia: el énfasis debería estar en asegurar el cumplimiento con mecanismos inteligentes y focalizados, no en instalar puntos de detención que se vuelven previsibles, generan cuellos de botella y consumen recursos de forma sostenida. Un retén fijo requiere personal, logística, equipamiento, señalización y horas de operación; y esos costos se multiplican cuando la medida se aplica de manera rutinaria, sin un criterio transparente de riesgo, horarios o zonas con mayor incidencia de siniestros. El resultado inmediato suele ser visible para cualquier ciudadano: congestión, atrasos, tensión en la vía pública y una sensación general de “castigo colectivo”.
A ese costo se suma un problema de fondo: los retenes detienen a personas que no han cometido ningún delito ni infracción, obligándolas a interrumpir su trayecto, entregar documentos, responder preguntas y someterse a revisiones solo por estar circulando por una vía pública. En la práctica, esto significa que ciudadanos que cumplen la ley —personas que van a trabajar, regresan a casa o se movilizan por motivos familiares— terminan siendo tratados como sospechosos por defecto. Aunque el objetivo declarado sea la prevención, el efecto para muchos conductores es una experiencia de control que se percibe como injusta o desproporcionada, porque el costo de tiempo y la incomodidad recaen sobre “inocentes” mientras el impacto real sobre el comportamiento de mayor riesgo no siempre es evidente.
Y hay un punto especialmente sensible que marcó el debate público: los retenes llegaron a criminalizar a quien “apenas tomó una copa de vino”, mezclando en el mismo saco a quienes representan un peligro real en carretera con ciudadanos que creen estar actuando con responsabilidad. En términos sociales, ese enfoque convierte el control en una herramienta que no solo sanciona la conducta riesgosa, sino que transforma en “delito” algo que, por sí mismo, no lo es: el consumo moderado. El problema no es discutir si, con tolerancia cero, debe existir o no margen para beber y conducir —la ley ya decidió que no—, sino cómo se aplica esa decisión sin caer en un mensaje que estigmatiza al ciudadano común como si fuera un criminal. Cuando el retén se vuelve un ritual de sospecha automática, el “tomador responsable” deja de ser un adulto que debe tomar decisiones prudentes y pasa a ser un potencial delincuente por definición. Esa narrativa erosiona legitimidad: no fortalece la cultura vial, la tensiona.
La principal debilidad de los retenes permanentes, además, es operativa: tienden a medir lo que es fácil de controlar, no necesariamente lo que más reduce el riesgo. Cuando el conductor sabe dónde está el retén —porque se vuelve parte del paisaje urbano o porque se corre la voz— aparece un efecto de evasión: rutas alternas, cambios de horario o simple traslado del comportamiento riesgoso a otros puntos de la ciudad. Así, el control deja de ser sorpresivo y pierde capacidad disuasiva. Peor aún, puede terminar concentrándose en infracciones menores o casos marginales, mientras los conductores más peligrosos, los que realmente representan el mayor riesgo vial, quedan fuera del radar por operar en horarios y lugares donde no hay control.
Bajo una política de tolerancia cero, lo que suele funcionar mejor es un enfoque que combine fiscalización impredecible y basada en evidencia con prevención donde realmente se origina el problema. Esto no significa renunciar a controlar, sino controlar mejor: operativos móviles y aleatorios, cambios frecuentes de ubicación, intervenciones en horarios y corredores de alta siniestralidad, y un diseño que evite convertir el control en un embudo que paraliza la ciudad. Al mismo tiempo, la prevención no se agota en la carretera. Si el consumo de alcohol ocurre en espacios específicos y horarios previsibles, la política pública gana efectividad cuando se refuerza en el punto de decisión: campañas claras en bares y centros nocturnos, alianzas con establecimientos para promover conductores designados o alternativas de transporte, y mensajes consistentes que reduzcan la normalización del “solo fueron un par”.
Además, cuando el control se percibe como indiscriminado y rutinario, puede aparecer un efecto indeseado: la población deja de asociarlo con seguridad vial y empieza a interpretarlo como trámite, obstáculo o demostración de fuerza. Esa pérdida de legitimidad social importa, porque una ley de tolerancia cero depende, en gran medida, de la adhesión cultural a la regla. Para que la disuasión funcione, el mensaje debe ser inequívoco, pero también el mecanismo debe ser razonable, proporcional y orientado a resultados. En ese sentido, insistir en retenes extensos y repetitivos puede ser contraproducente: desgasta a la ciudadanía, consume recursos públicos y normaliza la idea de que todos deben pagar el precio del control, incluso quienes cumplen la norma.
En conclusión, con la Ley de Tolerancia Cero al Alcohol, los retenes tradicionales —especialmente cuando se vuelven fijos, previsibles y masivos— tienden a mostrar más costos que beneficios: congestionan, consumen recursos, detienen a ciudadanos que no han cometido falta, estigmatizan al conductor común y pierden capacidad disuasiva frente a quienes realmente buscan evadirlos. Un enfoque más inteligente, con operativos móviles aleatorios, focalización por riesgo y una estrategia preventiva sólida, puede proteger mejor la seguridad vial sin convertir el control en un castigo cotidiano para la mayoría.