Paraguay interviene Ueno Bank tras detectar graves problemas de solvencia y deja a millones de clientes sin acceso a sus fondos
ASUNCIÓN, 05 de nov.- El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el cierre operativo y el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, después de detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo legal requerido. La decisión, adoptada el 2 de noviembre y anunciada en la madrugada del martes, dejó suspendidos los servicios de la entidad, incluidos los cajeros automáticos, las tarjetas y la banca digital.
La intervención afecta a aproximadamente 2,9 millones de clientes y genera incertidumbre sobre los depósitos de particulares, empresas y organismos públicos. El banco también gestionaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidos recursos destinados al pago de pensiones de miles de jubilados.
El regulador informó que la garantía de depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona, equivalentes a unos 38.600 dólares. Los ahorros que superen ese límite dependerán del balance patrimonial que elaboren los interventores y del resultado del procedimiento. El BCP calificó el caso como una situación puntual y aseguró que el resto del sistema financiero mantiene condiciones de estabilidad.
La crisis también tiene repercusiones políticas. La Fiscalía ordenó la detención de directivos de la entidad, entre ellos Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, su principal accionista. Las investigaciones examinan posibles irregularidades en operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo.
El presidente Santiago Peña, quien mantuvo participación accionaria en el holding hasta marzo de 2025, enfrenta cuestionamientos por sus vínculos anteriores con el grupo empresarial. La controversia también alcanzó al titular del Banco Central, Carlos Carvallo, antiguo directivo de Ueno, quien anunció su renuncia, aunque permanecerá en el cargo durante el proceso de resolución.
La intervención ha abierto un debate sobre la supervisión bancaria, el manejo de fondos públicos y las responsabilidades políticas derivadas del caso.