Limpiar las cooperativas: por qué avanzar en esto es clave para recuperar la transparencia
El debate por la modificación de la Ley 20.337, que regula el funcionamiento de las cooperativas en Argentina, volvió al Congreso con una propuesta concreta que podría marcar un antes y un después en materia de transparencia. El senador jujeño Ezequiel Atauche impulsa un proyecto para impedir que personas condenadas por delitos económicos —como la falsedad de balances o el uso fraudulento de fondos— puedan integrar los consejos de administración de las cooperativas durante un tiempo posterior al cumplimiento de su pena.
Una reforma que busca proteger a los verdaderos cooperativistas
El proyecto plantea actualizar el artículo 64 de la ley vigente para incorporar una nueva causal de incompatibilidad, basada en los artículos 300 inciso 2° y 301 del Código Penal. La medida apunta a cerrar vacíos legales que hoy permiten que dirigentes con antecedentes penales vuelvan rápidamente a ocupar cargos de conducción, muchas veces en las mismas entidades donde cometieron irregularidades.
La iniciativa de Atauche parte de una premisa simple pero contundente: quien defraudó la confianza de los productores no puede volver a administrarla sin un período de resguardo. Se trata de un paso necesario para preservar el espíritu del cooperativismo, basado en la solidaridad, la transparencia y el trabajo conjunto.
Una oportunidad para fortalecer la credibilidad del sistema
El sistema cooperativo argentino cumple un rol esencial en las economías regionales. Desde las bodegas y las cooperativas agrícolas hasta las entidades de servicios públicos, miles de familias dependen de su funcionamiento correcto. Pero cuando sus estructuras son utilizadas con fines personales o políticos, el modelo se erosiona y pierde legitimidad.
Aprobar la reforma impulsada por Atauche significaría dar una señal clara de integridad institucional: las cooperativas deben estar dirigidas por personas sin condenas por delitos económicos, garantizando la confianza de los asociados y del conjunto de la sociedad.
Los casos recientes demuestran que el problema no es hipotético, sino estructural. En Mendoza, Fecovita, una de las mayores cooperativas del país, enfrenta un proceso judicial en el que varios de sus directivos y exdirectivos fueron imputados por falsificación de balances y estafa, tras detectarse maniobras contables para ocultar pasivos millonarios. En Corrientes, la Cooperativa Pyramis fue condenada por realizar intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, mientras que en Buenos Aires la Justicia investiga a más de treinta cooperativas involucradas en la llamada “causa Guardapolvos”, acusadas de recibir fondos públicos sin rendición ni cumplimiento de los fines declarados. A esto se suma el caso de la Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, donde cooperativas creadas para construir viviendas sociales fueron utilizadas como instrumentos de malversación y control político, con cientos de obras inconclusas y fondos desviados. Estos ejemplos reflejan la urgencia de establecer filtros más estrictos para impedir que las cooperativas —una herramienta clave para el desarrollo regional— sean manipuladas por dirigentes que las usan como vehículos de fraude o poder personal.
Un debate necesario, más allá de las diferencias políticas
Algunos sectores han cuestionado el proyecto argumentando que podría “castigar dos veces” a quienes ya cumplieron condena. Sin embargo, el texto no impone una pena adicional, sino una medida preventiva y ética orientada a evitar la reincidencia y a proteger los recursos colectivos de los socios cooperativos.
En un contexto donde la ciudadanía reclama mayor transparencia y control sobre las instituciones, resulta difícil oponerse a una norma que busca impedir que quienes falsificaron balances o administraron fondos de manera fraudulenta vuelvan a ocupar cargos de poder sin haber pasado un tiempo prudencial fuera de la conducción.
El momento de actuar
La propuesta presentada en el Senado no debería quedar atrapada en la disputa entre bloques políticos. Más allá de banderas partidarias, el proyecto de Atauche plantea una actualización necesaria de una ley que tiene más de 50 años, en línea con los estándares modernos de gobernanza y responsabilidad institucional.
Limpiar las cooperativas de dirigentes con antecedentes delictivos no es un castigo: es una condición indispensable para garantizar su futuro.
El senador jujeño Ezequiel Atauche impulsa un proyecto para impedir que personas condenadas por delitos puedan integrar los consejos de administración de las cooperativas durante un tiempo posterior al cumplimiento de su pena.