Cuba transforma su red de bodegas mientras avanza hacia un modelo de subsidios focalizados
LA HABANA, 7 de oct.- La tradicional red de bodegas de Cuba comenzó a perder presencia en distintos barrios de La Habana, donde algunos establecimientos han cerrado y otros fueron transformados en mercados de proximidad. El proceso se desarrolla mientras el Gobierno prepara cambios en la libreta de abastecimiento, aunque las autoridades todavía no han anunciado oficialmente su eliminación definitiva.
En algunos puntos, los consumidores tampoco pudieron adquirir recientemente productos mediante la libreta, un sistema vigente desde 1963 que permite acceder a cantidades limitadas de alimentos y artículos básicos a precios subsidiados.
La transformación forma parte de una reforma económica que busca ampliar la participación de negocios privados y semiprivados y reducir el alcance de los subsidios generalizados. El primer ministro Manuel Marrero ha planteado que el Estado debe dejar de subsidiar determinados productos para concentrar las ayudas en las personas y familias consideradas vulnerables.
El cambio supone modificar un mecanismo que durante décadas estuvo vinculado a la distribución de arroz, azúcar, aceite, huevos y otros productos básicos. Sin embargo, la libreta nunca cubrió todas las necesidades de los hogares, que debieron complementar sus compras en mercados estatales, privados o informales, generalmente a precios más elevados.
En paralelo, el Gobierno impulsa mercados de barrio y nuevas formas de actividad comercial, dentro de un proceso de apertura limitada de determinados sectores económicos. La medida ocurre en medio de una profunda crisis caracterizada por escasez de alimentos, pérdida de poder adquisitivo y dificultades en el suministro eléctrico.
El alcance de la reforma todavía no está definido. Las autoridades no han precisado qué productos continuarán subsidiados, cómo se determinará quién recibirá ayudas ni cuál será el destino definitivo de las bodegas.
La eventual desaparición de la libreta supondría el fin de uno de los mecanismos de distribución más arraigados de la economía cubana y marcaría un cambio en la forma en que el Estado administra el acceso a productos básicos.