Bolivia busca ampliar el estado de excepción ante nuevas protestas por la crisis económica
LA PAZ, 14 sep. El Gobierno de Bolivia prevé solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación por 90 días del estado de excepción decretado en junio, mientras distintos sectores sociales anuncian nuevas movilizaciones en rechazo a las políticas económicas del Ejecutivo y a la falta de respuesta a sus demandas.
El estado de excepción, establecido por el presidente Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5636 del 20 de junio, fue declarado por 90 días debido a una situación de “conmoción interna” y está previsto que concluya el 18 de septiembre. Su eventual extensión requiere la autorización de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con la normativa vigente.
El Gobierno sostiene que la continuidad del régimen excepcional responde al escenario de conflictividad social y a los anuncios de nuevas medidas de presión. En las últimas semanas, distintos sectores han advertido que retomarán las movilizaciones debido a la crisis económica y en rechazo a las políticas de la administración de Paz.
Las protestas se intensificaron durante los primeros meses del año a partir de reclamos económicos y sectoriales. Entre las principales movilizaciones estuvieron las de la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones indígenas, campesinos, maestros, mineros y seguidores del expresidente Evo Morales. Las demandas incluyeron mejoras económicas, acceso a combustible, cambios en políticas sobre tierras y, posteriormente, la renuncia del presidente.
La escalada alcanzó su punto más crítico en mayo, cuando bloqueos de carreteras y movilizaciones en La Paz derivaron en enfrentamientos con la Policía. La Defensoría del Pueblo contabilizó entonces siete fallecidos y 23 heridos, además de importantes afectaciones al transporte y al abastecimiento.
Los sectores movilizados rechazan ahora una nueva extensión del estado de excepción. El Transporte Libre, organizaciones campesinas, trabajadores mineros y la COB han advertido que la medida podría utilizarse para restringir el derecho a la protesta y han reclamado al Gobierno priorizar soluciones a la crisis económica.
La oposición también se encuentra dividida frente a la posibilidad de ampliar la medida. Mientras sectores oficialistas respaldan su continuidad, el partido Libertad y Democracia (Libre) se opone y sostiene que el estado de excepción podría afectar el funcionamiento de la Asamblea y el proceso de reformas constitucionales. El vicepresidente y presidente del Legislativo, Edmand Lara, incluso advirtió que no convocaría a sesión para tratar esas reformas si se prolonga el régimen excepcional.
La decisión sobre la ampliación quedará ahora en manos del Legislativo, en un escenario marcado por el vencimiento próximo de la medida y las advertencias de nuevas movilizaciones.